Javier Alonso, subgobernador del Banco de España, ha advertido sobre la facilidad con la que los españoles adquieren productos y servicios financieros, «a veces muy complejos», a través de dispositivos móviles y que pueden poner en peligro la protección al inversor, que no entiende lo que compra.
Durante su intervención en la clausura del curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Alonso se ha referido a las conclusiones de la Encuesta de Competencias Financieras elaborada junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y presentada en mayo.
La encuesta destaca que la cultura financiera de los españoles es mejorable, ya que solo un 58% de los encuestados comprende el concepto de inflación y menos de la mitad sabe lo qué es la diversificación del riesgo.
Asimismo destaca que un 97% de la población dice tener cuenta corriente y que un 38% ha comprado algún producto financiero en los dos últimos años, en tanto que otro 17% asegura haber contratado un préstamo personal o hipotecario.
Con estos datos en la mano, el subgobernador ha alertado sobre la divulgación de información financiera a través de dispositivos móviles, en las que «el tamaño de la pantalla, la aparente amabilidad de las aplicaciones y la inmediatez de la aceptación» limitan la capacidad del consumidor para saber «qué es realmente lo que está consintiendo».
Resulta preocupante que en un país en el que menos de la mitad de la población entiende el concepto de tipo de interés compuesto exista tal demanda de productos complejos
A través de estos medios digitales, se accede con mucha facilidad a productos complejos, entre los cuales figuran los criptoactivos, que difícilmente se pueden comprender sin conocimientos financieros básicos.
”Los riesgos de esta popularización van desde la protección del consumidor al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”, ha explicado, ya que “en ocasiones se trata de activos con un marcado carácter especulativo, sin respaldo de los supervisores y susceptibles de ser objeto de fraude o de manipulación de precios».
Se trata de “productos que no se pueden considerar ni como dinero ni como depósitos, y no gozan de las protecciones de la normativa de productos bancarios o de inversión”.
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